Durante los primeros cuatro años de la administración del presidente Alessandri, el Congreso mayoritariamente opositor bloqueó todo tipo de iniciativas que provinieran desde el Ejecutivo. Los gabinetes ministeriales se sucedían unos tras otros, ya sea por la renuncia de sus componentes al comprender que sus cargos no tenían destino o por medio de las interpelaciones de los parlamentarios que votaban sus destituciones. Por fin, en las elecciones de marzo de 1924 el Gobierno obtuvo sendas mayorías en ambas cámaras, sin embargo, las tan ansiadas “leyes sociales” continuaron sin aprobarse.[1] ¿Qué había sucedido? El nuevo Congreso no fue tan dócil a los deseos del presidente como éste lo hubiera deseado, sumándose a lo anterior que el país estaba arruinado económicamente y el erario nacional no era capaz de financiar los proyectos que continuaron pasivamente aletargados sin aprobarse. La gravedad de la situación económica era tal, que a los empleados públicos -incluidas las fuerzas armadas- se les debían entre cuatro y seis meses de sueldos atrasados.

El general Blanche, uno de los actores principales en la época, refiriéndose a la situación económica de los militares escribe: “Vivíamos como franciscanos. La situación en 1924 de los oficiales, suboficiales y tropa era insoportable. Al no llegar la carne a los cuarteles, teníamos que mandar a los conscriptos a la calle o a algunos darles largos permisos para volver a sus casas en provincias. La situación de los suboficiales era peor. Los perseguían los acreedores y tenían que estarse escondiendo en los cuarteles, negándose y comenzaban a refunfuñar. Ellos tenían derecho a la ‘ración de los casados’ y tampoco recibían esta ayuda en alimentos con regularidad. A mediados de 1924 lo que se adeudaba a este personal ascendía a más de seis meses en sueldos y raciones……En lo que respecta a los oficiales a mis órdenes como Comandante, esto representaba situaciones bien incómodas al tener que dar mi garantía que no era mucha, para obtener créditos en los bancos para casos de enfermedades de familiares y partos. Luego había que suplicar para que aquello no fuera descontado de un golpe ya que, cuando llegaba un poco de dinero, se nos dejaba escuálidos de inmediato…”[2] Es dable consignar que en octubre de 1924, después de los movimientos militares que a continuación relataremos, los sueldos militares fueron “elevados” a la suma de $700 pesos mensuales para los tenientes y $1.100 para los capitanes.[3]

No obstante la dramática situación descrita, y con el fin de ganarse el respaldo del díscolo Congreso, el Presidente de la República remitió a trámite un proyecto de “Dieta Parlamentaria”, que consistía en asignar dos mil pesos mensuales a cada Diputado o Senador más cinco mil pesos por concepto de gratificación. Se le llamó “dieta”, en un resquicio legal por cuanto la Constitución Política prohibía los sueldos a los parlamentarios. En la Cámara de Diputados el proyecto fue aprobado de inmediato. Habiendo pasado a discusión en el Senado, algunos tenientes y capitanes de la Guarnición de Santiago decidieron concurrir en calidad de público a la Cámara Alta, para manifestar su descontento contra esa inmoralidad, haciendo sonar las conteras de sus sables mientras se desarrollaba la sesión. Se vivía el 2 de septiembre.

La votación del proyecto se suspendió para el día siguiente.

Entre los 57 oficiales que asistieron a ese primer “Ruido de Sables”, podemos distinguir a siete artilleros: Marmaduque Grove Vallejos, Tobías Barros Ortiz, Jorge Escudero Otárola, Oscar Fuentes Pantoja, Víctor Ilabaca León, David Bari Meneses, Víctor Larenas Benavente y Javier Palacios Hurtado. Cinco de ellos llegarían a ser generales, de los cuales tres fueron comandantes en jefe y otro se destacaría como embajador.

Al día siguiente, los generales Luis Altamirano y Pedro Pablo Dartnell, Inspector General del Ejército y Comandante General de Armas de Santiago respectivamente, le dieron seguridades al Presidente de la República en el sentido que la concurrencia de los oficiales había sido espontánea y sin premeditación alguna, por lo que no correspondía tomar ninguna medida disciplinaria contra ellos. El presidente, aún en contra de lo recomendado por el Consejo de Gabinete que integraban todos los ministros, estuvo de acuerdo y en su condición de “Generalísimo de las Fuerzas Armadas” así lo ordenó. Al caer la tarde, cuando se reanuda la sesión del Senado, las tribunas están colmadas, ahora por más de doscientos oficiales, que se manifiestan nuevamente mediante silbidos o aplausos en contra o a favor de los senadores que apoyan o rechazan el proyecto. Se procede a desalojar a los manifestantes, los que al bajar las escaleras de mármol del hemiciclo sueltan los tiros de sus sables para que estos vayan resonando en cada una de las gradas. Sería el segundo “Ruido de Sables” y a partir de ese momento se prohibió la asistencia de los oficiales al Congreso.

Los expulsados oficiales se dirigen al Club Militar, lugar al que luego llegaría el diputado y Ministro de Guerra Gaspar Mora, ex capitán que se había retirado del ejército sólo el año anterior y en quien los oficiales más jóvenes tenían depositadas sus esperanzas de mejorar la situación de los militares. Él había sido el encargado de comunicar a los oficiales, durante la sesión del Senado, que debían abandonar el recinto. Luego de intentar explicar sus gestiones para tratar de despachar las leyes postergadas, entre rechiflas es expulsado del Club Militar. El teniente Mario Bravo, en representación del resto de los asistentes le dijo: “Capitán Mora. Tú te has transformado en un político. Vuelves a repetir los argumentos que conocemos. Gaspar Mora: sano, completamente sano saliste del ejército y recién nos has echado de tu nueva morada. Ahora tú no mereces estar en nuestro hogar. Convives en la pudrición de la política y estás contaminado. Te hemos borrado de los registros de este club.” [4]

Al día siguiente, 4 de septiembre, los tenientes invitaron a los capitanes de la guarnición a “tomar el té” en el Club Militar. Se juntaron más de 400, incluidos entre ellos dos mayores: Marmaduque Grove y Carlos Ibañez. En algún momento se presentó el general Altamirano, el que fue objeto de grandes aplausos por haber defendido y haber hecho causa común con los oficiales manifestantes en el Consejo de Gabinete que se había celebrado de ese día. Esa noche, una representación de los tenientes y capitanes se reúne secretamente con el Presidente de la República, explicándole sus peticiones; el presidente les aconsejó hacer sus requerimientos por escrito.

El 5 de septiembre se constituye un “Comité Militar,”[5] presidido por el comandante Blanche, que envía al presidente sus peticiones contenidas en trece puntos: I, Reforma de la Constitución Política; II, Veto a la ley de la Dieta Parlamentaria; III, Despacho de la ley de presupuestos; IV, Retiro de los Ministros Salas Romo, Zañartu y Gaspar Mora; V, Despacho inmediato del Código del Trabajo y demás leyes de carácter social; VI, Modificación del impuesto a la renta; VII, Estabilización de la moneda; VIII, Aprobación de la ley de Empleados Particulares; IX, Vigencia de la ley de recompensas a los sobrevivientes de la Guerra del Pacífico; X, Reforma a las leyes Orgánicas del Ejército; XI, Pago de haberes insolutos al profesorado primario y demás empleados públicos; XII, Aumento de sueldo a las tropas de carabineros, marina y ejército; XIII, Exclusión absoluta y permanente de los miembros del ejército y marina de las luchas electorales y de cualquier acto de índole política.

El día 8 de septiembre, sin más debates el Congreso aprobó dieciséis leyes, algunas de las cuales habían permanecido sin discutirse por más de quince años. Ellas fueron: presupuesto para 1924; recursos por 110 millones para solventar el déficit fiscal; ley de cooperativas; reforma a la ley de accidentes del trabajo; ley sobre empleados particulares; ley sobre el contrato de trabajo; ley sobre tribunales de conciliación y arbitraje entre patrones y obreros; reglamentación de las organizaciones sindicales; seguro obligatorio de enfermedades e invalidez; reforma de la ley de la caja de retiro del ejército y la armada; aumento de la planta del ejército; aumento de sueldos y gratificaciones de los suboficiales del ejército y armada y de los oficiales y tropa de carabineros; organización de las policías y sueldos del personal; personalidad jurídica a las Fabricas y Maestranzas del Ejército; modificación de la ley de ascensos en el ejército; ley sobre retiros del ejército y armada.[6]

Junto con la aprobación por parte del Consejo de Estado de todas las leyes tramitadas ese día en el Congreso, el Presidente de la República presentó su renuncia al cargo. En este punto se estima necesario establecer que el movimiento iniciado por el Comité o Junta Militar no era ni a favor ni en contra del presidente, como tampoco se puede calificar de inspiración de derecha o izquierda política. Se inició como una actividad gremial que pretendía inicialmente solucionar los graves problemas institucionales de las fuerzas armadas y de paso incorporó en sus requerimientos medidas de carácter social que habían sido postergadas durante muchos años por la clase política gobernante. Así fue expresado en una declaración al país, en la que se señalaba: “I; El movimiento militar no ha tenido, no tiene ni tendrá en absoluto carácter político. II; El movimiento está inspirado exclusivamente en la necesidad suprema de salvar a la Nación arruinada por la corrupción política y administrativa, y no terminará mientras no realice ampliamente su misión. III; declara al país, bajo la garantía solemne del honor y de las tradiciones de las instituciones armadas, que no se pretende establecer un gobierno militar, ni entronizar dictadores de ninguna especie”.[7]

Luego se incluirían nuevas demandas del Comité Militar, ahora a una Junta de Gobierno que había asumido el Poder Ejecutivo ante la renuncia de don Arturo Alessandri, entre las que se contemplaban la designación de una Asamblea Constituyente para reformular la Constitución Política, la descentralización administrativa del país mediante la creación de administraciones regionales, la creación de los escalafones administrativos y judiciales, estudio de un impuesto progresivo a la renta, creación del Banco Central de Chile, etc.[8]

A pesar de la declaración del Comité Militar de que no pretendía establecer un gobierno militar, los acontecimientos se precipitaron con la renuncia del presidente. Vial escribe: “La salida del ‘León’ (Alessandri en sus campañas electorales se autoproclamaba como el León de Tarapacá) conducía de hecho, fatalmente, al gobierno militar que el voto recién aclamado descartaba de modo tan enfático.” [9]

En efecto, se establecieron sucesivas juntas integradas por civiles y oficiales de diversas graduaciones, participando estos últimos como ministros en varios gabinetes; el año 1925 regresa al país y al gobierno el presidente Alessandri, momento en que promulga una nueva Constitución Política. Luego sería sucedido por el presidente Emiliano Figueroa quien renuncia a su cargo en mayo de 1926. Se procede a una nueva elección presidencial en la cual se proclama vencedor al coronel Carlos Ibáñez del Campo, quien logró un 98% de los sufragios.[10]

El presidente Ibáñez gobierna el país con mano férrea y en sus gabinetes usa y desecha a civiles y militares, lo que va creando camarillas de adherentes y detractores. La bibliografía existente así lo demuestra y es muy difícil obtener visiones objetivas sobre él o sus actuaciones, precisamente porque entre los autores no hay términos medios: o lo odian o lo ensalzan. Esa práctica también se enquistó en el ejército, produciendo profundas divisiones entre los oficiales que afectarán la convivencia institucional. Si bien es cierto el ejército se mantuvo corporativamente disciplinado, es innegable la existencia de algunos oficiales que dejaron con dolor las filas, ya fuera por decisión propia o por imposiciones que provenían desde La Moneda. En realidad, don Carlos Ibáñez desde sus tiempos como Ministro de Guerra a partir de 1925 estaba empeñado en “depurar” al ejército, “buscando reimplantar al interior de la institución el sentido de la disciplina y el orden jerárquico en las filas, que habían resultado quebrantados durante el proceso revolucionario…….El restablecimiento de la disciplina iba acompañado de una campaña de despolitización del ejército y de una vuelta a las tareas profesionales. Ibáñez y su grupo de adeptos se daban cuenta de que era necesario, una vez lograda la revolución, frenar en forma drástica el entusiasmo revolucionario, los afanes deliberativos y la indisciplina entre la oficialidad, si no se deseaba que el ejército se convirtiera en una institución caótica, dividida y politizada, fuente segura de futuros trastornos políticos para el país.” [11]

Para lograr lo anterior, se promulgaron nuevas leyes y decretos sobre ascensos y retiros, además de establecer comisiones calificadoras de méritos. Ello significó que “en el mes de agosto de 1925 hubo ascensos simultáneos de 66 oficiales al grado superior respectivo y en abril de ese año, más de 50 oficiales de los rangos de capitán a general, habían pasado a retiro desde septiembre de 1924. Un año más tarde, el número acumulado de oficiales pasados a retiro ascendía a 109.” [12]

Luego de la caída del gobierno de Ibáñez en 1931, debida principalmente a la mala situación económica que vivía el país y que se deterioró aún más a raíz de la crisis mundial provocada por el derrumbe de la bolsa en Estados Unidos, se produjo un revanchismo antimilitarista que afectó seriamente al ejército, el que debió reducir y reorganizar su estructura, haciendo que jubilaran oficiales, rebajando sueldos y pensiones o eliminando algunas granjerías. Para efectos de esta crónica, sólo nos referiremos a algunos artilleros. Fueron pasados a retiro entre muchos otros el Comandante en Jefe del Ejército, general Pedro Charpín y aquellos jefes que no contaban con la confianza del nuevo gobierno. El general Carlos Sáez, que ocupaba la cartera de guerra, renunció a su cargo, negándose a firmar el decreto que exoneraba de las filas a esos oficiales. Su cargo lo ocupó el general hasta entonces retirado Enrique Bravo, que había participado junto a Marmaduque Grove, también artillero, en una conspiración para sublevar en contra del presidente Ibáñez a la guarnición de Concepción. Pero quizás el caso más ilustrativo del revanchismo antimilitar lo sufrió otro artillero, el comodoro Arturo Merino Benítez. Escribe Vial: “Éste había ya jubilado cuando, bajo la vehemente sospecha de conspirar –y utilizando como pretexto un artículo contra el Gobierno, que Merino publicara en la revista Wikén-, el Ejecutivo lo reintegró al servicio, sólo para destituirlo de inmediato. Con ello, perdía la pensión.” [13]

Muchos de los oficiales pasados a retiro, se fueron a combatir a la Guerra del Chaco, conflicto estallado entre Bolivia y Paraguay que se desarrolló entre los años 1932 y 1935. Fueron más de cien oficiales los que abrazaron como mercenarios la causa de Bolivia y por lo menos unos cuarenta los que se dirigieron a Paraguay. La necesidad de mantener a sus familias, al haber sido expulsados de las filas del ejército así se los imponía.

El 1° de septiembre de 1931, los suboficiales de la marina en concomitancia con agentes comunistas, se tomaron los buques de la escuadra, apresando o expulsando a los oficiales. Tanto el ejército como la recién creada fuerza aérea actuaron coercitivamente contra los amotinados, asaltando con los regimientos de Concepción el Apostadero Naval de Talcahuano y bombardeando por vía aérea los buques que se habían concentrado en la bahía de Coquimbo. El 24 de diciembre de ese mismo año, partidas comunistas intentan asaltar el Regimiento Esmeralda, siendo rechazados por la guardia con grandes bajas. El 4 de junio de 1932, el coronel Marmaduque Grove exige la dimisión del presidente Montero, estableciendo una Junta de Gobierno presidida por el general Arturo Puga, dando inicio así a lo que se llamó la “República Socialista”. En la clandestinidad se preparan las “Milicias Republicanas”, las que serían reconocidas y apoyadas oficialmente por el presidente Alessandri que fue reelegido en diciembre de ese año. El apoyo gubernamental a esa fuerza paralela fue de tal magnitud, que en menos de dos años llegaron a tener más de 50.000 hombres, organizados en un Estado Mayor con su propio Comandante en Jefe, Brigadas y Regimientos a lo largo de todo el país; el armamento, que además de los fusiles y ametralladoras incluía aviones y artillería, procedía del Ejército de Chile, que se vio obligado a entregarlo.

El coronel artillero Tobías Barros Ortíz, que fue un testigo y actor de la época historiografiada al desempeñarse como secretario personal del general Ibáñez, escribió en 1988: “La decisión de intervenir en la vida política de un país es para un jefe militar mil veces más difícil que las decisiones que pueda tomar en el campo de batalla en tiempos de guerra….Durante la guerra un error en la elección de posiciones, el fracaso de un plan de operaciones o una falsa maniobra estratégica o táctica pueden siempre corregirse, y la herramienta puede ser empleada de nuevo una vez reforzada o revitalizada.

En la paz, sin embargo, si se yerra al no fijar el comienzo y la retirada oportunos de una intervención militar en la vida política del país, son las Fuerzas Armadas las que se deterioran sin remedio. Aunque aparezcan materialmente intactas, al faltarles la fe y el cariño de la ciudadanía ellas pierden aquello que, a diferencia de los aviones o los buques, no puede comprarse: el respeto y la confianza públicos.

Recuperar ese respeto y esta confianza cuesta años de trabajo silencioso y abnegado, no exento de injustas humillaciones y torpes y cobardes venganzas. Y en esos momentos los militares no contarán con los civiles que los empujaron a la intervención y se aprovecharon de ella. Hemos vivido esa historia.” [14]

[1] El resultado de las elecciones de marzo de 1924 significó que el Gobierno obtuvo una mayoría de 30 Diputados y de 11 Senadores sobre la oposición. Fuente: Vial, Op. Cit. Vol. III, p. 346.

[2] Aldunate: Op. Cit. p. 22.

[3] Decreto Ley N° 55 de octubre de 1924. Archivo Histórico del Ejército.

[4] Aldunate; Op. Cit. p. 50.

[5]Bennet A, Juan: La revolución del 5 de septiembre de 1924. Santiago, s/f, Ed. Balcells & Co, p.28. “El primer Comité o Junta Militar quedó compuesto como sigue: general Pedro Pablo Dartnell, Comandante General de Armas de Santiago; comandantes Ditborn y Acevedo, representantes de la marina; teniente coronel Urcullú, representante del Estado Mayor General; coronel Ahumada y teniente Bravo, representantes de la Escuela Militar; comandante Ewing y capitán Fenner, representantes de Carabineros; teniente Calvo, representante de la Academia de Guerra; mayor Ibañez y teniente Lazo, representantes de le Escuela de Caballería; mayor Canales, del regimiento Buín; mayor Mujica y capitán Aguirre, del Regimiento Valdivia; comandante Salinas del Regimiento Telégrafos; comandante Blanche y capitán Cabrera, del Regimiento Cazadores; mayor Puga, del Regimiento Tacna; mayor Viaux, capitán Vásquez y teniente Urízar, del Grupo de Artillería a Caballo Maturana; mayor Grasset, del Grupo de Montaña; mayor Pozo del Batallón Andino; capitán Moreno, secretario. Total 25 oficiales”.

[6] Bennet: Op. Cit, p. 51. / Vial, Op. Cit; Vol.III p. 393.

[7] Bennet: Op. Cit. p. 59.

[8] Charlín O, Carlos: Del avión rojo a la República Socialista. Santiago, 1972; Ed. Quimantú, p. 51.

[9] Vial: Op. Cit. p. 400.

[10] Ibid: p. 166.

[11] Scott, Harry: Pensando el Chile nuevo; las ideas de la revolución de los tenientes y el primer gobierno de Ibáñez, 1924-1931. Santiago, 2009. Centro de Estudios del Bi-centenario; p. 104.

[12] Ibid: p. 108.

[13] Vial: Op. Cit; Vol V, p. 25.

[14] Barros Ortíz, Tobías: Recogiendo los pasos. Santiago, 1988; Ed. Planeta Espejo de Chile; p. 15.